Todos los meses un caso emblemático sobre la industria de energía y minas resuena en los medios guatemaltecos. Huelgas, enfrentamientos, secuestros y asesinatos son el panorama que tintan las consecuencias del funcionamiento de una minera o hidroeléctrica en el país. Grupos de interés que manifiestan en contra por respeto al medio ambiente, otros que piden respeto a la soberanía del país, grupos de empresarios que piden respeto a sus derechos y trabajo, trabajadores que piden mejores condiciones de vida, etc. Tantos problemas planteados, miles de consecuencias generadas y muy pocas formas de solucionar y prevenir los conflictos políticos, económicos y principalmente sociales que derivan de dicha industria.
Teóricamente existen distintas formas de solucionar el problema, pero resulta interesante la planteada por el Premio Nobel Ronald Coase, en su teorema que se plantea como fundamental en los principios del Análisis Económico del Derecho. Aplicando dicho teorema al caso, se considera lo siguiente:
Para prevenir los conflictos antes mencionados, como primer paso se debe definir claramente y garantizar los derechos de propiedad de los recursos “ocupados” y utilizados tanto por las mineras como por los pobladores. Actualmente dichos derechos no son muy certeros ya que la propiedad privada en los lugares afectados no está definida en su totalidad, primero porque en Guatemala muchas de las tierras en aldeas y pequeños pueblos, no están establecidas legalmente como privadas. Es decir hay mucha invasión de tierras y muy poco sustento legal de la propiedad privada de los residentes de ciertas áreas.
Además de ello, las mineras e hidroeléctricas operan, sobre o con, materia prima como ríos, montañas o espacios geográficos que son considerados erróneamente como “bienes públicos” al ser estipulados en la ley como propiedad del Estado por ser recursos naturales del país. Es importante diferenciar entre los bienes públicos, bienes o servicios que no son excluibles, que no excluyen a nadie de su uso y tampoco son rivales al permitir que 1, 2 o más personas pueden utilizarlos al mismo tiempo. Y los recursos comunes a diferencia, a pesar de no ser excluibles, si resultan rivales al tener solamente cierta capacidad, un monto límite, y donde el uso de cierto número de personas si excluye el uso de otras. Este, es el caso de los recursos previamente mencionados como ríos, montañas y espacios geográficos. Esto da apertura a una laguna legal o de aceptación general sobre a quien le pertenece qué, y que uso puede dar cada quien. Sin embargo, el marco legal no es respetado en su totalidad, por el mismo problema inicial de la ambigüedad en el concepto de propiedad, donde una parte (la minera o hidroeléctrica) se basa en estas leyes y concepto de recursos comunes donde existe rivalidad en el uso y respalda sus acciones en ella, y la contraparte (los residentes del lugar afectado) no conocen de esta ley o concepto, por lo que actúan como si dichos recursos más bien fuesen bienes públicos que nadie puede quitarles, ni tienen respaldo legal suficiente o adecuado para hacer valer sus derechos o incluso no conocen hasta donde llegan estos derechos.
Acompañando dicha medida, se debe educar a la población establecida en los alrededores de tierras con posibilidad a ser explotadas por la Industria Minera, de los derechos que tanto las empresas como los pobladores tienen sobre cada una de las partes. Una educación que más que magistral debe ayudarles a definir conceptos comunes para ambas partes de lo que les pertenece, que derechos tienen y aquellos que no. De esta manera, con derechos de propiedad claramente definidos así como obligaciones para cada una de las partes, entonces se puede entender qué posición juega cada uno. Así es como entonces, tanto pobladores como empresarios pueden expresar sus preocupaciones e intereses, y se puede comprender entonces qué externalidades pueden ser generadas para cada uno de los casos, y cada una de las partes. Dichas preocupaciones existen, y son legítimas, ya que las acciones de ambas partes involucradas generan externalidades para su contraparte. Para los residentes del lugar, las mineras o hidroeléctricas pueden generar externalidades como la contaminación del medio ambiente en el que viven, el mal uso o uso excesivo del recurso natural que perjudique a las personas y las deje sin este recurso. Y luego para las empresas pueden generar externalidades como, el atraso o paro de las horas de producción causadas por el enojo, huelga, o secuestros que suelen suceder por parte de los aldeanos. También se generan costos altos al tener que contratar una sección de RSE que maneje los conflictos, incluso mantenga económicamente a familias.
Así mismo, el Estado debe jugar su papel, es decir no jugar en el caso. Coase propone que la negociación y solución de conflictos, y en este caso la negociación previa al conflicto que se busca proponer, debe permitirse que sea completamente privada. De manera privada las partes entonces pueden buscar el cumplimiento óptimo de sus intereses, dejando al Estado fuera de la negociación, y en el caso puntual guatemalteco permitiendo que el Estado solamente funcione como auditor al cumplimiento de la negociación establecida. A pesar de que las externalidades generadas no son aquellas que afectan solamente a las partes y los involucrados de manera más directa, si no que estas pueden incluso a afectar a la totalidad de Guatemaltecos. Existe la idea de prohibir dichas actividades para evitar los conflictos sociales que suceden, sin embargo no se toman en cuenta las externalidades que pueden generarse entre las cuales se encuentra: disminución de la oferta de empleo en el país, el lento crecimiento de la industria en el país para su desarrollo, el mal uso o desuso de la materia prima para el desarrollo económico del país, la posible obligación legal de aceptar dicha industria que podría terminar beneficiando solamente a la industria y no a las personas, o viceversa.
Debido a ello, todos los involucrados; industrias, pobladores, grupos de interés, políticos, e incluso la opinión pública, juega un papel importante en la resolución de dichos conflictos así como en la fase previa que conlleva a evitarlos. Y cada una de las partes debe tener la libertad de poder negociar de manera privada estos mismos intereses para poder llevar a cabo de manera pacífica, eficiente y eficaz la resolución de conflictos por medio de negociaciones privadas y cooperativas, y no acciones arbitrarias que resulten en un juego de suma cero entre ganadores y perdedores.
Invitada: Marie Andre Gálvez-Sobral Schlesinger.
Imagen extraída de: http://www.prensalibre.com/noticias/politica/bloqueos-protestas-coordinadora-maya-hidroelectricas-mineria_0_1161483977.html
Lucidez Heterogénea 
Cabe mencionar que cuando las empresas y grupos indígenas utilizan este recurso de manera arbitraria, guiados por su propio interés, se genera lo que se conoce como «la tragedia de los comunes», donde al final nadie se beneficia, el recurso se pierde y ambos salen perjudicados.
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Además de la problemática sobre los derechos de propiedad, en este caso, muy mal definidos, también es importante aclarar que parte de lo que sucede en el país es que las comunidades son engañadas al momento en que empresas privadas y transnacionales compran sus terrenos para hacer uso de ellos. No únicamente existe un problema de asignación de derechos de propiedad, sino de información. Para las comunidades el costo de informarse es demasiado caro debido a los incentivos perversos que las industrias mineras pueden tener incluso al momento de establecerse los contratos.
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¿A qué tipo de incentivos perversos hace referencia? Tomando en cuenta que el costo de no informarse es alto y altamente sensible para las comunidades, ¿cómo justifica que decidan no informarse?
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La diferenciación que ha hecho este articulo con respecto a que son bienes públicos y que son recursos comunes es clave para que tanto la industrias como los pueblos indígenas comprendan que derechos y obligaciones tiene hacia el uso y cuidado de los recursos. El Estado como regulador a la explotación de los recursos, a través del MEM otorga licencias y concesiones, vigila que los procesos de los minerales sean conforme a lo establecido y todo ello bajo un sello de estudios de impacto ambiental. Porque ah problemas entonces? El exceso de externalidades no deriva solo de las empresas privadas, o del Estado, o de la conflictividad de los pueblos; sino de todo lo anterior. Y creo que ello sucede porque los tres actores juegan a ser buscadores de rentas, bajo su propia lente buscan beneficios. La Burocracia entorpece en lugar de facilitar la relación entre la industria y el pueblo. Por último también considero viable la idea de negociaciones y acuerdos privados, dejando el protagonismo del Estado como intermediario en la discusión.
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No me queda clara la relación que plantea entre externalidades y búsqueda de rentas. Habría que revisar ambas definiciones.
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El problema está en los derechos de propiedad. La herencia del Código Napoleónico ha hecho que el «bundle of sticks» del subsuelo sea completamente limitado, ahuyentando la inversión
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El problema es la herencia francesa en nuestro Código Civil. La solución sería ampliar el bundle of sticks del subsuelo, para que haya derechos de propiedad mejor definidos y defendibles
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El que no existan derechos de propiedad bien definidos redunda en que buscadores de renta intenten obtener privilegios, ante el resto de competidores. Ya que si no se sabe de quien son los recursos naturales, es muy fácil que la persona que más pague por obtener una renta ante una autoridad, se apodere de ellos. Para que no exista ni rent-seeking, ni rent-extraction es fundamental definir a cabalidad los derechos de propiedad sobre los recursos naturales.
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Lo primero que debería hacerse es crear una cultura minera en el país. En todo el mundo se pueden ver los ejemplos de que hace para un país la Industria Minera. Realmente Guatemala tiene un gran potencial pero todos estos problemas, aquí mencionados, solo desincentivan a los posibles inversionistas. Estos últimos años salio una gran minera por múltiples problemas, lo cual genera perdidas para el país.
La extracción es bastante dura y si se manipula el suelo bastante, pero ninguna empresa lo hace sin primero tener autorización de las organizaciones del medio ambiente, como del Ministerio. Por lo tanto los ciudadanos de esos pueblos no deberían actuar de esa manera. Creo que hacen falta mecanismos entre el Gobierno y la Minera. Tantos que provocan todas estas huelgas, secuestros, etc.
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Estoy de acuerdo en que es la falta de claridad jurídica un aspecto muy influyente en el conflicto existente entre las industrias mineras y las comunidades indígenas. Personalmente me pareció muy certera la propuesta final de la autora «cada una de las partes debe tener la libertad de poder negociar de manera privada estos mismos intereses para poder llevar a cabo de manera pacífica, eficiente y eficaz la resolución de conflictos por medio de negociaciones privadas y cooperativas, y no acciones arbitrarias que resulten en un juego de suma cero entre ganadores y perdedores.» Aunque yo también propondría investigar y exponer a los diferentes grupos de interés para que las personas sepan cuales son sus verdaderos motivos para crear conflicto entre los principales actores.
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Creo que el problema radica en que los derechos de propiedad no están bien definidos. Lamentablemente, en cuanto a las actividades mineras; los recursos que se utilizan para su explotación son dañados, claro ejemplo el agua que se contamina en el proceso. Los pobladores de las áreas rurales poseen una cosmovisión más apegada a la naturaleza y a su protección, además de verse influenciados por ong’s y demás grupos de presión que de cierta forma los convencen de negarse a aceptar este tipo de actividades por las externalidades negativas que pueden causar. Sin embargo, haciendo alusión a La Ventana Rota de Bastiat; lo que se ve es el daño al medio ambiente, lo que no ven es el desarrollo (externalidades positivas) que este tipo de actividades llevan a una región: infraestructura, oportunidades de trabajo, luz, oportunidad de otras actividades comerciales etc. Pienso que se deben definir claramente los derechos de propiedad, y en caso se genere alguna externalidad negativa; sean los propios pobladores quienes lleguen a un acuerdo con estas empresas. Si esto no sucede, considero que la intervención estatal como un árbitro sería lo más acertado para evitar actos violentos, destrucción, conflictos etc. Por último no quiero dejar de prestarle importancia al tema del medio ambiente, que es vital para la salud de las personas; en caso de dañar algún recurso pienso que es necesario que la empresa o los individuos sean obligados por medio de la ley a reparar el daño. En caso de negarse, recibir una sanción, multa o prohibición; es necesario un equilibrio entre el desarrollo socioeconomico y la protección al medio ambiente.
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Creo que uno de los grandes problemas en cuanto a este tema, es precisamente lo que menciona el artículo sobre los derechos de propiedad; en Guatemala no están bien definidos. Cuando observamos manifestaciones en contra de las mineras, ingenios y demás actividades comerciales con la justificación del daño al medio ambiente; lo primero que viene a mi mente es la ventana rota de Bastiat. A primera vista, se observan las externalidades negativas; como la contaminación del agua, tala de árboles etc. Sin embargo, las personas que argumentan en contra de estas industrias, no ven las externalidades positivas que generan como el hecho de que llevan a las comunidades infraestructura, oportunidades de trabajo (ingresos), oportunidad de otro tipo de actividad comercial (ventas de comida para las personas que trabajan en estas industrias) entre muchas otras más. Pienso que deben ser las propias comunidades (tal y como lo menciona Ostrom )las que lleguen a un acuerdo para solucionar controversias dentro de una región en la cuál hay un choque de intereses que desencadena conflictos; sin necesidad de un tercero. La propia comunidad tiene bien definidos cuales son sus intereses, por lo que llegar a la solución será mas fácil que con intervención del Estado.
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¿Derechos de Propiedad plenamente establecidos? Debemos de conocer un poco más de la realidad en que se encuentra Guatemala, primero las personas del interior están sumergidas en un historial de represión muy fuertes + entender que a nadie le importa los derechos de propiedad aunque los hubiera, aquí se hace el que puede dar el cheque más grande. ¿No aumenta eso el rencor o la tradición de oposición? Nno despeguemos los pies de la tierra, ¿Al gobierno le interesa proteger los recursos naturales que poseemos? Por otra parte, el dinero lo es todo? ¿no existen vías alternativas al desarrollo si no es por medio de la explotación del suelo? Creo que las personas responden ante los abusos de los más poderosos. En Canadá un país «desarrollado» tienen a todos los nativos canadiense viviendo en «reservas», algunas en el norte, donde pueden ser ellos y ejercer sus «costumbres» y donde por supuesto a nadie le gusta vivir por que el clima es extremo. ( Un artículo para los que quieran saber sobre la realidad de los pueblos nativos en sociedades «desarrolladas» http://www.servindi.org/actualidad/106938 ) No es normal que las clases dominantes, quieran influir a los menos «adaptados» bajo su concepción de sociedad. Yo creo que no nos compete tratar el tema de esta manera. Pienso que la decisión es del quien vive en el lugar, poco sabemos de las tradiciones indígenas con respecto a la naturaleza, acaso las personas no pueden permanecer en ese respeto con la pacha mama? y el desarrollo del mismo nos compete a todos, como por ejemplo exigir que tenga la salud adecuada y la educación adecuada y no en posicionarnos en creer que lo que le conviene a unos les conviene a todos. Las mineras pueden representar una fuente de desarrollo pero han causado tantos estragos ambientales como lo hizo Hitler a su sociedad en su tiempo. Pienso que fomentar la cultura de resolver conflictos por arbitraje, es más humano y razonable que posicionarnos en creer que es lo que le conviene más a las personas.
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