“Empleados sindicalizados del Congreso de la República se declararon en asamblea permanente, en resistencia a cambios de la Ley de Servicio Civil, porque las modificaciones los harían someterse a pruebas de aptitud y se regularían los incentivos económicos. ” (Fuente: Prensa Libre)
La Ley del Servicio Civil de Guatemala fue promulgada en el año 1968 durante el gobierno de Julio César Méndez Montenegro y desde ese año no ha tenido ningún cambio. Durante muchos gobiernos se ha tratado de reformar esta ley para garantizar a la población que el pago de la Administración Pública sea de acuerdo a sus capacidades, transparencia en los procesos, fortalecimiento del Organismo legislativo entre otras reformas. A grosso modo, la reforma consiste en lo siguiente:
a) Sanciones o castigos a trabajadores del Congreso en caso de cometer alguna falta a la ley desde 15 días hasta 1 mes sin goce de sueldo durante ese periodo de tiempo.
b) Evaluaciones obligatorias a los empleados del Congreso que deberán ser aprobadas con 75 puntos o más, con la finalidad de tener a personas capacitadas para realizar un buen trabajo y así mismo que sean remuneradas de acuerdo a su desempeño y no a privilegios.
c) El pago de indemnización de cómo máximo 10 años, actualmente la indemnización cubre todos los años que la persona trabajó en el Congreso.
El Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República o como yo prefiero llamarlos, los parásitos del Estado, entraron en una etapa de rebeldía rechazando esta reforma argumentando que si es aprobada habrán derechos laborales vulnerados, falta de oportunidades, tratos inhumanos y, además, utilizaron el término ilegal e inconstitucional refiriéndose a las indemnizaciones de cómo máximo 10 años. Este es el ejemplo perfecto de una institución ineficiente que se apega a sus privilegios sin importar el costo social, que aumenta debido al mal manejo de los recursos del Estado. En enero del presente año, la nómina de sueldos de los trabajadores fue mostrada al público; secretarias con sueldos de Q.30,000, conserjes ganando hasta Q20,000 entre otros. Y mientras tanto se genera una serie de externalidades que afectan a quienes mantienen a estos parásitos; los hospitales no tienen insumos, la infraestructura está en decadencia, la escuelas no tienen materiales, la criminalidad aumenta y la población de escasos recursos no puede aspirar a elevar su calidad de vida. El Congreso se ha vuelto la máquina de nuevos millonarios, el nirvana de los corruptos y el elevador inmediato hacia el piso de una posición socioeconómica más alta. Una vez más, queda evidenciada la ineficiente administración de los recursos fiscales, con estos derroches no hay dinero que alcance. Es sumamente necesario que se aprueben estas reformas, pero sobre todo que se cumplan. La población civil debe mantener la lupa bien puesta sobre cualquier movimiento que se realice dentro del Congreso; sólo de esa manera podremos garantizar el cumplimiento de las funciones de quienes están ahí para velar por nuestro bienestar y desarrollo.
Invitada Melanie Castillo
Lucidez Heterogénea 
Creo que también tenemos que tener en cuenta las plazas fantasmas y el gasto que representan. No estamos hablando de un suelo de Q8,000, sino de un goce de sueldo de alrededor de Q20,000 por hacer absolutamente nada. Son miles o millones de quetzales lo que estas plazas fantasmas representan anualmente, y no podemos hacer nada porque son «personas» inscritas bajo renglones temporales cuyos contratos se renuevan cada año. Mientras tanto, las externalidades las pagamos nosotros con malas infraestructuras, malas escuelas, malos hospitales, etc. Por ello, los políticos no solamente son parásitos, sino virus en nuestro sistema de administración pública.
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El problema con la reforma que menciona Melanie, es que no existe ningún partido que tenga la iniciativa en buscar aprobarla y negociar con los demás partidos (práctica conocida como log rolling). Además, cabe mencionar que la búsqueda de un sueldo alto o plazas fantasmas, como mencionó Karla en el comentario anterior, es porque los individuos siempre actuarán a costa de su propio interes, por lo que si existe el vacio legal y la posibilidad de hacerlo, lo harán.
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No debemos de olvidar que el parasitismo es en ambas vías y que lo que hoy en día sucede es una lucha entre grupos de interés. Los diputados–Mario Taracena–aprovechan un discurso anti-parásitos para obtener el apoyo poblacional, aprovechándose de la información asimétrica con la que oculta los negocios que está haciendo y los intereses que está consiguiendo con estas confrontaciones.
Por otro lado, los sindicalistas buscan mayores beneficios por parte de la institución estatal en la que trabajen. No olvidemos que todos buscamos maximizar nuestros beneficios; y los políticos y los burócratas tiene algo en común: buscan preservar y aumentar su cuota de poder en el gobierno.
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Es cierto, el parasitismo entra en cualquier vía. Pero considero que entra más en las vías de acceso a la administración pública. La mayoría–sino es que todos–de nuestros funcionarios públicos no tienen un método adecuado de acceso al poder. No se realizan exámenes por oposición y mucho menos se escogen por CVs. La corrupción está institucionalizada en el país y mientras los políticos y burócratas se benefician del suelo, que además de ser una aberración de dinero, el pueblo pasa penas y no logramos superar las barreras que los mismos funcionarios nos imponen.
Por otro lado, creo que cuando leemos la Ley de Servicio Civil nos podemos dar cuenta de dos puntos importantes: el primero es que, según el artículo no. 23, para ser director o subdirector de Servicio Civil se requiere que «de preferencia, posea título universitario», siendo el director y el subdirector (según el artículo no. 25 y 26) el encargado administrativo de la Oficina Nacional Civil. ¿Qué podemos esperar a esto cuando tanto el director y subdirector (según el artículo no. 22) son nombrados por el Presidente de la República? Claro está, incentivos perversos.
En segundo, y como último punto, miramos que el Servicio Exento no está sujeto a la ley. ¿Pero quiénes conforman este rubro? Pues nada más y nada menos que los Ministros y Viceministros del Estado, los funcionarios que sean nombrados por el Presidente, el Tesorero General de la Nación, el Inspector General del Trabajo, los Secretarios de la Presidencia, etc. ¿Por qué tales funcionarios no están sujetos a la ley? Pues nuevamente, incentivos perversos.
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Concuerdo con los comentarios, las personas a las que les depositamos nuestra confianza no son los mas capaces. La mayoria son amigos, parientes o personas de confianza de los que deciden que ellos entren. Esto solo empeora el pais. Deberian haber ciertas barreras de entrada que si funcionaran, como tambien para permanecer dentro. Si no se cumplen seran removidos.
Es triste saber que muchos tienen grandes sueldos por trabajos minimos y la mayor parte de la poblacion vive con $1 o $2 diarios.
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Y si bien es cierto, como comentaban arriba no existe partido que tenga iniciativa de reformar la Ley del Servicio Civil. Los funcionarios públicos se supone trabajan al servicio de los guatemaltecos, pero en realidad buscan aumentar y preservar sus cuotas de poder en el gobierno. Si tomaran acción para reformar la ley, lo harían a sabiendas que les afectaría?- quien toma acción para salir perjudicado en la jugada? su lógica por lo tanto es no tocar una ley de la cual obtienen beneficios. Con respecto a la publicación de la nómina de sueldo, en mi opinión causo muy poco movimiento para cambiar la situación, como guatemaltecos pudimos leer hasta chistes que comentaban »voy a mandar mi CVs para el puesto de conserje» es bastante alto es el costo de querer reformar una ley. Y además que trabajador va a querer que le bajen el sueldo, y que se lo den a otro. La actitud de nuestros funcionarios públicos corresponde entonces a la defensa de sus propios intereses.
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