En mi columna pasada hice un esfuerzo investigativo por indagar en los posibles orígenes de la corrupción. En ese caso, hice un análisis de regresión linear entre el gasto público como porcentaje del PIB y la percepción de corrupción en los diferentes Estados. Los resultados fueron poco explicativos: esto significa que no resultó ninguna relación entre el gasto público y la corrupción. No porque un Estado gaste más significa que será más corrupto.
Esta columna ahora trata de buscar un origen más preciso en las estructuras de corrupción en un Estado. Existe literatura que busca explicar la corrupción desde otros ángulos, en autores como Dahlström, Lapuente y Teorell. Estos estudios analizan principalmente la variable de profesionalización de la administración pública para indagar en el origen de la corrupción. Los autores argumentan que un Estado corrupto es generado por una burocracia no profesionalizada. Con un sistema de confianza o “a dedo” se presta a que la corrupción florezca. Un político necesita a alguien de su confianza para saquear las arcas del Estado. Si esa persona no es de su confianza, suben las probabilidades de confesar los actos ilícitos.
Ahora bien, con una burocracia profesionalizada establecida por meritocracia es más difícil corromper el sistema. Los burócratas en este caso ven al político como un interino, ya que llevan en su cargo muchos más años de lo que estará el político. De esta manera, es muy difícil convencer a un burócrata establecido que arriesge su pellejo por un enriquecimiento potencialmente descubrible y amenazante jurídicamente.
Los autores también proponen que los políticos y los burócratas deben establecer entonces mecanismos de control mutuos, con una administración pública profesional que limite naturalmente al político y con una nueva clase política que no permita aislamiento de los burócratas, pues estos también pueden amenazar de ser corruptos si se les da mucha libertad, pues hay que reconocer que un burócrata es un actor que busca su propio beneficio igual que cualquier otro agente público o privado en la vida social.
Mi propuesta para empezar a purgar los sistemas latinoamericanos de corrupción, específicamente el sistema guatemalteco, es seguir la línea de análisis investigativo que menciono anteriormente: una administración pública profesionalizada bajo estándares meritocráticos, de manera que el político no tenga acceso infraestructural a los recursos del Estado y la burocracia funcione casi como la máquina de la que hablaba Max Weber. El punto a reformar en este caso es la Ley de Servicio Civil, que es donde está la clave para impulsar un nuevo sistema burocrático. La idea siempre es mantener un mecanismo de control que no permita aislamiento del burócrata, pues también hay que reconocer que este también tiene intereses propios y dada la oportunidad caerá en los mismos actos que cometería un político en afán de cumplir con esos intereses. Los políticos y los burócratas deben establecer entonces mecanismos de control mutuos, con una administración pública profesional que limite naturalmente al político y con una nueva clase política que no permita aislamiento de los burócratas se tiene un caldo de cultivo para un mejor sistema político.
Sin embargo, el problema del Estado mafioso depredador no desaparece. Atacar la corrupción es solo una faceta del curso de acción que hay que tomar, pues también se necesitan otros mecanismos de rendición de cuentas y retroalimentación vertical para que el sistema oxigene las demandas ciudadanas. El acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas para con los ciudadanos es tan importante como el control de la corrupción horizontal que se llevaría a cabo entre políticos y burócratas.
Edgar Gutiérrez
Lucidez Heterogénea 
Un comentario en “El origen de la corrupción (2/2): La clave está en la administración pública”