Luis Ramírez

Hace unos días el oficial Alex Mencos y su compañero detuvieron un ataque armado en contra del piloto de un bus que circulaba en zona 7. En el acto de valentía, mataron al sicario Jason Velásquez, capturaron a William Godoy y, días después, arrestaron a Eli Sicay, mejor conocido como “La Muerte”. Lamentablemente, Mencos falleció cumpliendo su labor y fue enterrado, como merecía, con los más altos honores.

La opinión poblacional en las redes sociales, tal y como era de esperarse, ha explotado en contra de los pandilleros y la sofocante violencia existente en el país. La familia del oficial Mencos, que por cierto tenía apenas 26 años, jamás podrá recuperarlo y el dolor está más vivo que nunca.

Lo que más me sorprende del caso es algo que muchos han dejado a un lado y por lo mismo es el objetivo principal de esta columna. Los tres pandilleros que intentaron efectuar el ataque en contra del chofer no tienen más de 22 años de edad. ¿Qué tan mal debe estar el país para que algunos de sus jóvenes decidan cometer el peor de los delitos para ganarse la vida?

El caso de estos tres pandilleros no es el único existente en Guatemala. Muchos jóvenes, gracias a las condiciones (oportunidades laborales, de educación, etc.) en que crecen, no encuentran mejores maneras de generar ingresos. La mayoría de ellos no tienen referentes morales, no tienen más familia que su clica. El sentir poblacional en contra de ellos es entendible, los quieren muertos, pero ¿será ésta la solución?

No buscaré defender o argumentar en contra de la pena de muerte, pero si reflexionar acerca de la mala situación de nuestro país. Los jóvenes son el reflejo de nuestra sociedad. Nuestros esfuerzos deben dirigirse en poder propiciarles condiciones considerables para su mejor desarrollo. Ahora bien, la solución, evidentemente, no son políticas públicas gubernamentales o leyes que busquen ayudarlos. Ya existen miles y los resultados no han sido funcionales. ¡La solución no es el Estado! ¿Qué sería mejor? La atracción de la inversión.

Si existiese más inversión, aumentaría el número de empresas y por ende las oportunidades. Existirían más escuelas, más oferta laboral, más competencia, etc. Debemos de dejar de atribuirle la responsabilidad al Estado de solucionar estos problemas, reorientemos nuestras opiniones y protestas a obligarlo a trabajar como debería y garantizar la certeza jurídica que tanto se necesita para que la IED venga a nuestro país y no se vaya.