Ante la interrogante de conocer qué aspectos fundamentales debe poseer un país para poder emprender su camino hacia el desarrollo, nunca debe dejarse a un lado la importancia de la certeza jurídica. 

Eran las 5:45 PM de la tarde y ya iba camino a mi casa. La ruta decidida era por Los Próceres. Mientras avanzaba lentamente en el común tráfico vehicular, realicé un cambio de carril para poder ingresar al desnivel sin inconvenientes. Al cambiarme, una camioneta extraurbana aceleró sin percatarse, aparentemente, de que mi vehículo estaba en el camino y me golpeó directamente en la parte delantera. La gente del bus se asustó y rápidamente informaron al conductor de lo que había hecho. Para mi mala suerte no había agentes de PMT o PNC para brindarme apoyo.

El carro se apagó. El chofer comenzó a retroceder, ocasionando más daño en la carrocería, pues se habían trabado. Al desatorarse, se cambió de carril y avanzó con tal de huir. Los demás carros taparon su ida y logré alcanzarlo nuevamente. Se bajó enfurecido y acompañado de sus ayudantes. Todos me gritaban que no me pagarían con palabras soeces. Yo le respondí que esperáramos a mi seguro. Al ver que el golpe era grande y que fue culpa de su imprudencia, continuó gritando y se subió nuevamente para volver a huir.

Ya no decidí seguirlo, claramente no lograría nada al hacerlo y debía verificar el estado de mi automóvil. Al comunicarme con mi seguro y juntarme con el agente que revisaría los daños, le pregunté qué acciones realizar para ver de qué manera hacer responsable al conductor. Le comenté que yo había logrado tomarle foto a la placa de la camioneta. El señor, muy amablemente me explicó que podía imponer una denuncia en la policía, pero que no esperara resultados, ya que no teníamos el nombre del conductor y la placa seguramente no estaba a su nombre. También afirmó que aún si logrará conseguir el nombre y poder citarlo a juicio, el proceso tomaría meses y la resolución podría no ser factible gracias a los sobornos y trabas que la contraparte pudiera establecer.

Este fue un pequeño ejemplo de cómo la certeza jurídica es requerida para hacer responsables de sus actos a las personas. Ahora bien, si subimos este problema a nivel macro, ¿qué garantía tienen las grandes empresas inversoras para decidir establecerse en el país? Ninguna. El ejemplo más reciente es el caso de la Minera San Rafael S.A., quien perdió su licencia por decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), afectando a muchas familias que estaban empleadas en esta institución.

Desde lo más simple a lo más complejo, la certeza jurídica debe ser una constante en cualquier país, sobre todo en aquellos como Guatemala que aún están en vías de desarrollo.