Unas semanas atrás tuve la oportunidad de llevar a un vecino hasta su casa. Durante el trayecto sostuvimos una amena conversación, hubo un momento en que se detuvo y me dio con emoción la gran noticia de que CODECA ya operaba en nuestro municipio. Él pensaba que yo iba a compartir su alegría, hablaba con tanta inocencia sobre la “lucha del pueblo” y los supuestos beneficios de la nacionalización de la energía eléctrica terminé por subir la voz y aclarar que los integrantes de esa organización no son más que vulgares delincuentes.

Hace un par de semanas –por enésima vez- miles de guatemaltecos tuvieron que sufrir las consecuencias de una serie de bloqueos promovidos por CODECA, con una serie de demandas que rayan lo absurdo y ante su incapacidad de hacer un frente político ante lo impopular de sus propuestas recurren a la fuerza y a la violencia para tratar de imponer su visión del mundo por esa vía. Su servidor es un firme defensor de los derechos individuales, en especial el de manifestación, pero siempre que se ejerza de una forma responsable procurando no lesionar los derechos de los demás, de forma ordenada y pacífica, como se realizó el movimiento cívico en 2015.

Al contrario de los guatemaltecos honrados que manifiestan de forma ordenada y se involucran en la vida pública por las vías legales, estos grupos  viven de la promoción del conflicto, obstaculizan el libre paso de personas y destruyen la fluidez del comercio. En esta ocasión colocaron barreras con clavos, dañaron patrimonio público y privado y como de costumbre amedrentaron a conductores que solo querían ejercer su libertad de locomoción de forma regular. Esto les valió una denuncia que presentó el diputado Luis Pedro Álvarez para que se les pueda procesar penalmente.

Dos factores son claves para entender este tipo de organizaciones: la promoción de la conflictividad en Guatemala desde la década pasada se ha convertido en un verdadero modelo de negocio, los “líderes” de estas organizaciones reciben fondos gobiernos extranjeros y de organizaciones no gubernamentales para el supuesto empoderamiento de los campesinos y los pueblos indígenas, pero que al final terminan parando en los patrimonios personales de los administradores y se termina dañando a las personas que debiera ayudar con esos recursos.

Segundo, nuestro precario Estado de Derecho, la CICIG y el MP ha liderado una cruzada contra la corrupción desde hace ya dos años, los logros alcanzados han sido históricos, pero el flagelo que aquí tratamos es igual o mayor en tamaño, afecta el clima de inversión, a los pequeños comerciantes y los trabajadores regulares. El MP se hace de la vista gorda mientras grupos como CODECA continúan robando energía eléctrica y dañando a nuestra sociedad. No se puede ser selectivo con el imperio de la ley, se debe perseguir y condenar a todos los delincuentes.

Sigo pensando que Guatemala no tiene un lío de Estado, sino un problema de ausencia de Estado, ausencia de un gobierno que garantice lo esencial, la seguridad y la justicia que garanticen el clima de convivencia pacífica para todos los habitantes de nuestro territorio.