La Comisión Económica para America Latina y el Caribe (CEPAL) es una de las tantas dependencias de Naciones Unidas que vociferan en contra de la desigualdad económica que se vive en la región. Lo irónico está en que son los mismos que promovieron el modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI). Dicha política comercial y económica se basó en la subida de aranceles, subsidios y tipos de cambio, con el objetivo reducir la competencia del extranjero y facilitar el desarrollo de industrias locales.

Los resultados de la ISI fueron contraproducentes. Lo que terminó sucediendo fue la creación de grandes monopolios y oligopolios. Reduciendo la competencia interna bajó la calidad de los productos, subieron los precios de los bienes y los sueldos no incrementaron debido a la baja demanda de empleo.

Los más beneficiados por el modelo ISI fueron las grandes élites económicas de la región. Los más afectados fueron los pobres, que, además de tener que consumir productos más caros, se vieron en la obligación de aceptar malos empleos, considerando las trabas que se impusieron para el desarrollo de nuevas empresas. Así fue como la CEPAL propició la desigualdad que ahora dice combatir.

El que se opone al libre mercado no se da cuenta que sigue pensando como la CEPAL en el siglo XX. El razonamiento de creer que la desigualdad en América Latina se debe de los privilegios es correcto. No obstante, es un absurdo seguir promoviendo la protección de las industrias nacionales para reducir la pobreza y la desigualdad. 

Oponerse al libre mercado es la mayor defensa que se puede realizar en favor de las élites mercantilistas. Mantener los mercados cerrados es lo que más le conviene a las grandes empresas ya establecidas. Lo seguidores de las ideas de CEPAL terminan siendo los abogados de los privilegios de las élites mercantilistas.

Hay que dejar a un lado la satanización del libre mercado. Tener un mercado más libre significa facilitar la creación de nuevas empresas, disminuir los privilegios legales y económicos (aranceles, cuotas, subsidios, etc.), la existencia de un Estado de Derecho, finanzas estatales responsables, y libertad para contratar y ser contratado.

Mientras los latinoamericanos no abramos nuestras economías estaremos condenados a la desigualdad, y, sobre todo, a la pobreza. No es casualidad el desarrollo de regiones como el Sudeste Asiático (sobre todo Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam) y de algunas repúblicas ex- soviéticas (Estonia, Letonia y Lituania).

Para permitir el desarrollo de los individuos excluidos del sistema económico lo mejor es abrir los mercados. Con una mayor apertura económica se permitiría la creación de nuevas empresas, aumentaría el empleo, mejorarían los salarios, y se disminuiría el precio de algunos bienes y servicios. Si no se abren los mercados es imposible esperar que la pobreza y la desigualdad disminuyan por medio de recetas mágicas implementadas por políticos que han demostrado una y otra vez su incapacidad y su poca voluntad para mejorar nuestros países.