Ante la pugna de poder en la que el presidente de la República de Guatemala, Jimmy Morales y el comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, se encuentran involucrados, el equipo de Lucidez Heterogénea considera lo siguiente:

Que el Presidente de la República de Guatemala, Jimmy Morales, ha emitido una declaración apresurada y con poco sustento legal. A pesar de que se invoque a la Constitución y a la Convención de Viena, hay otras normas que regulan el actuar del presidente en un caso así. La Ley de Probidad en su artículo 18b aclara que “se prohíbe utilizar el poder que le confiere el ejercicio del cargo, participar o influir en la toma de decisiones en beneficio personal o de terceros.”

Morales pone en mal la imagen de Guatemala en el ámbito internacional al declarar non grato a Velázquez, meses después de haber prorrogado el mandato de CICIG en el país. En aras de las investigaciones en contra de la familia de Jimmy Morales y de su persona en calidad de Secretario General de FCN, el Presidente puede presentar un fuerte conflicto de interés con el Comisionado y, por tanto, presentar un alto grado de parcialidad en el asunto. Asimismo, tuvo que haber tomado la decisión en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La decisión apresurada, y con una justificación tardía, representa un riesgo para el desarrollo económico de Guatemala. Por un lado, la situación de constante desestabilidad puede reflejarse en una mala calificación en las evaluaciones de riesgo país. La restricción, o el aumento de los intereses para acceder al crédito internacional, podría convertirse una seria amenaza para las finanzas del Estado. Además, afectaría la atracción de inversión, que es vital para el crecimiento de la economía de Guatemala.

Cuestionamos

A pesar del mal actuar del Presidente Morales, planteamos una serie de cuestionamientos de la actuación de CICIG bajo el mando de Iván Velásquez. En primer lugar, no se han concluido casos con duración de más de dos años.  

Cuestionamos la posible polarización del Comisionado. Su accionar al momento de impulsar las reformas al sector justicia, sin la búsqueda de un consenso de todos los sectores, pone en tela de juicio su imparcialidad.

Solicitamos el mejoramiento de la presentación de las investigaciones ante la prensa y la sociedad. La forma en que se presentaron las investigaciones en contra de UNE y FCN Nación, los días jueves y viernes de la semana pasada, demuestran un apresuramiento por parte de la CICIG y el MP. ¿Por qué se presentó una investigación en contra de la UNE hasta la semana pasada? ¿Será que están investigando solo a quienes los amenazan?

A la vez, cuestionamos el accionar de la Corte de Constitucionalidad, pues excedieron sus capacidades. El Presidente es el único con la facultad de dirigir la política exterior del país, por lo que estar de acuerdo (o no) con  su decisión es un tema distinto.

Exponemos

La necesidad de una reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Es esencial la facilitación para la creación de nuevos partidos políticos, que permitan el rompimiento de un sistema cartelizado. El desarrollo de nuevas fuerzas políticas que sean más representativas de la sociedad civil, es vital para la mejora de la democracia guatemalteca.

Consideramos que el combate a la corrupción es clave para el desarrollo de mejores condiciones en el país. La lucha por el desmantelamiento de las mafias y de las redes clientelares, que continuamente cooptan el Estado, debe mantenerse.

El poder de todos y cada uno de los actores, debe ser limitado exclusivamente dentro de sus funciones. El apego a la Constitución de la República debe ser respetado para el mantenimiento de las libertades y derechos de todos los guatemaltecos.

       Edgar Gutiérrez, Diego Monterroso, Luis Ramírez y Luis Fernando Salazar.