Guatemala atraviesa una nueva crisis, con nuevas demandas y actores políticos, en contraposición con la primavera ciudadana del año 2015, pero el problema de fondo sigue siendo el mismo, que los ciudadanos no se sienten representados, perciben una gran lejanía con sus representantes en el Congreso de la República. Este problema se trató de solucionar con un proceso de maquillaje infructuoso a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, una pequeña reforma que no abordó temas de fondo y una serie de discusiones en las que se evidenció que los padres de la patria planeaban atentar contra la independencia de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral.

Si algo evidenció el paro nacional #20S fue la total desconexión que existe entre la élite económica y política, de las clases medias y populares que salieron a las calles a manifestar contra la enraizada corrupción que tomó una nueva forma el 13 de septiembre de 2017, día en que 107 diputados votaron a favor de un decreto de auto amnistía para sus dirigentes políticos y de un cambio en la legislación penal en lo relativo a lo conmutación de las penas que puso en gran riesgo la seguridad ciudadana. Los diputados envalentonados por la polarización social en torno al tema de la lucha contra la corrupción (que, si la apoyas, eres comunista, y si tienes dudas fundadas sobre la misma, eres corrupto) para propinarnos una paliza a favor del status quo político.

Ahora bien, dada la vasta manifestación ciudadana, figuró una pluralidad de demandas, entre éstas,  la renuncia del presidente Jimmy Morales, en gran medida inviable por la cantidad de votos necesarios para retirarle el antejuicio, y porque varios sectores en aras de la estabilidad política prefieren que siga en el cargo, ante la poca claridad en la acusación planteada por la Fiscalía y las dudas razonables sobre participación directa en la comisión de actos delictivos, que podría ser aprovechada para seguir judicializando la política -esto producto de la perversión de la figura del antejuicio en nuestro país, que obstaculiza la investigación criminal, y no la acción penal, tema que puede ser materia de un amplio análisis-.

La otra de las demandas era la renuncia de los diputados que votaron a favor del #PactoDeCorruptos, que tiene su complejidad, a pesar de que muchos estamos de acuerdo con que personajes nefastos como Estuardo Galdámez, Roberto Villate u Orlando Blanco no deberían estar en el Congreso de la República, su renuncia –poco viable desde el punto de vista pragmático- llevaría al hemiciclo parlamentario a otros personajes de igual o peor calidad, por el sistema sucesión en los listados correspondientes previsto en la normativa electoral. Dadas las circunstancias, la tercera demanda y la gran reforma para asegurar que el grado de representatividad aumente, es una reforma de fondo a la Ley Electoral[1], para lo cual son fundamentales las reformas relativas a temas de subdistritalización y reducción de barreras de entrada.

¿Subdistritalización?[2] El marco constitucional vigente en materia electoral establece que cada departamento de la República es un distrito, en ese sentido, para que tenga viabilidad constitucional el tema de la disminución del tamaño de los distritos implica la creación de distritos más pequeños dentro de los distritos constitucionales, es decir, crear distritos de magnitud baja – de 3 a 5 diputados por distrito- para que se genere una mejor dinámica de representación y se acerque a los diputados con sus representados. En mi consideración, esta es la GRAN reforma. Actualmente, implica demasiado costo para los ciudadanos la fiscalización directa de sus representantes cuando los distritos son de magnitud alta como en los casos de Guatemala (19), Alta Verapaz (9), Huehuetenango (10), por colocar algunos ejemplos, problema que se reduciría con una reforma en ese sentido.

La otra cara de la moneda para renovar el sistema es el tema de la liberalización de la competencia política, lo que implica la disminución de las barreras de entrada, entendiendo estas como los requisitos que establece la normativa electoral para la formación de nuevas organizaciones políticas; en Guatemala, básicamente son de dos tipos, el primero se refiere a la cantidad de afiliados necesarios para constituir un nuevo partido político –que actualmente es de 22,000 afiliados o 0.30 de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral-, y el segundo a la magnitud de la presencia territorial que debe tener el partido político en los municipios y departamentos, -en Guatemala, se requiere presencia en 12 departamentos y 50 municipios-. A este respecto recomiendo la lectura de un ensayo de política comparada sobre la relación entre barreras de entrada y calidad democrática en América Latina, publicado por Eduardo Fernández y Edgar Gutiérrez, académicos de la Universidad Francisco Marroquín.[3]

La mejora en los niveles de competencia y en el grado de representatividad, aumentaría la calidad de nuestro sistema electoral, y por ende, de nuestra clase política. Muchos son los cambios que se deben realizar para mejorar en otros temas como la contratación pública y el servicio civil, pero todos tienen en común que deben ser ejecutados por los dignatarios de la nación en el Congreso de la República, que actualmente está lleno de incompetentes y de personas que no les preocupa en absoluto el bien común.

A cambiar las reglas del juego para devolverle la dignidad al Organismo Legislativo.

[1] Ver el análisis jurídico-político de Jesús María Alvarado y Eduardo Fernández, Análisis de la Reforma Electoral en Guatemala, Centro de Estudios Enómicos-Sociales, disponible en: https://cees.org.gt/publicaciones/analisis-de-la-reforma-electoral-en-guatemala.

[2] Sobre este tema recomiendo leer los informes El Tamaño Importa, variaciones por distrito en elecciones legislativas en Guatemala (1984-2011), de Javier Brolo-Vila, y Armando el rompecabezas: Distritos electorales en Guatemala, de Javier Fortín. Ambos publicados por la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES). Disponibles en: https://javierbrolo.files.wordpress.com/2012/07/el-tamano-importa.pdf y http://www.asies.org.gt/download.php?get=2016,armandorompecabezas.pdf

[3] Competencia y legislación electoral. Barreras de entrada y calidad democrática, trabajo preparado para su presentación en el IX Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, organizado por la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP). Disponible en: https://goo.gl/dgmBLQ.