Al Instituto Nacional de Estadística (INE), le llueve de izquierda y derecha, los crasos errores en los que ha incurrido en el cálculo de la canasta de la discordia durante más de un lustro han sido motivo de análisis y duras críticas por parte de cuadros técnicos de todo el espectro político, desde los analistas de UFM Market Trends hasta el economista Lisardo Bolaños, columnista de Plaza Pública.

Estos analistas han tratado con vastedad la arista económica del tema, básicamente, se trata de una divergencia de los precios reportados por el INE al compararlo con otras fuentes, como los reportados por el Ministerio de Agricultura, los precios de los mercados internaciones o incluso los precios de los principales supermercados de la ciudad. Estas inconsistencias de precios tienen un fuerte impacto en varios indicadores de desempeño económico nacional, como la taza pobreza o la tasa de inflación. Para explorar con mayor amplitud y profundidad la relación de estas implicaciones recomiendo consultar el informe Las Inconsistencias del INE.

Respecto del impacto en la vida política, vamos a abordar dos repercusiones del cálculo mal hecho:

1. El cálculo del salario mínimo y su instrumentalización política

Una de las primeras lecciones de todo buen curso de economía es la relativa a los efectos a mediano plazo que tiene el establecimiento del salario mínimo por parte de los gobiernos; si los salarios se aumentan por decreto y no conforme el aumento de la productividad, al final de la cadena se ocasionará desempleo y un incentivo para no entrar a la formalidad empresarial, mantener a los trabajadores en un régimen sin prestaciones laborales ni seguridad social, ya que es difícil cubrir los costos de salarios hinchados por decreto.

En Guatemala, el salario mínimo se determina mediante una decisión del Organismo Ejecutivo, tomando en cuenta la recomendación de la Comisión Nacional del Salario Mínimo, institución adscrita al Ministerio de Trabajo y Previsión Social; en las discusiones dentro de la comisión, la primer bandera que enarbolan los representantes de la parte sindical es el alto costo de vida, tomando como principal referencia el cálculo del costo de la canasta básica que realiza el INE, el contraste de esos datos –que se creían confiables- con los resultados de las discusiones han llevado a un aumento sostenido del salario mínimo durante la última década, sin que la productividad aumente, en una proporción que ocasiona una grave distorsión en la economía.

Ahora, ante la revelación de los datos del INE estaban cimentados en arena movediza, lo menos que puede hacer el Organismo Ejecutivo es detener el aumento desproporcionado del salario mínimo, o por lo menos, reducir el porcentaje de aumento. En efecto, Guatemala tiene uno de los mejores salarios mínimos en América Latina.

2. El salario diferenciado, la Corte Celestial y el mínimo vital

Quienes venimos de provincia guatemalteca, estamos sufriendo de primera mano los efectos del estancamiento económico provocado por la inestabilidad política. Las actividades comerciales e industriales se desarrollan en niveles bajos, contadas pequeñas y medianas empresas conforman los mercados locales, y son incapaces de absorber toda la oferta laboral que se genera.

A finales del año 2015, durante la fugaz administración del jurista Alejandro Maldonado Aguirre, parecía haber una luz al final del tunel para aquellos que se dedican a la agricultura de subsistencia en la campiña guatemalteca, los jornaleros que perciben entre Q800 y Q1,000 quetzales al mes en sus labores temporales; esa luz fue el establecimiento de un régimen de salarios diferenciados en ciertos municipios, esto les permitiría trabajar cerca de sus familias, duplicar sus ingresos, estabilidad laboral, acceder a seguridad social, al sistema bancario, al crédito… pero esa esperanza fue truncada por una decisión de la Corte de Constitucionalidad que dejaba en suspenso el decreto sobre la diferenciación de salarios bajo el siguiente argumento:

Al dictar sentencia, la Corte consideró que el monto establecido como salarios diferenciados son inconstitucionales por violación al derecho al mínimo vital, pues dos personas que trabajen (en promedio), no podrían llegar a cubrir el costo de vida de una familia promedio (cinco personas), tomando en cuenta el costo de la canasta básica a nivel nacional…

En este caso, una decisión judicial que afectó un tema económico de crucial importancia para avanzar en la senda de la properidad y esquivar la rigidez del régimen laboral guatemalteco, detuvo una medida administrativa beneficiosa para la economía tomando como fundamento un dato manipulado por el Instituto Nacional de Estadística.

Han pasado varios días desde que los medios de comunicación hicieron eco del descubrimiento de los analistas, los personeros del INE guardan un silencio sepulcral, si se trató de un error técnico -de garrafales consecuencias- tuvo que ser enmendado con inmediatez; pero ante esta situación, el silencio y la demora refuerzan las tesis sobre que la manipulación fue consciente y en cierta dirección política.

Este mal juego de números se traduce en menos empleos, menos capacidad adquisitiva, menor calidad de vida, y todo por culpa de unos funcionarios irresponsables.