Por Alejandro J. García Archila*

Durante esta crisis del COVID-19 los diputados de verdad se tomaron como reto personal superar a sus antecesores. Se dispusieron a crear una ley en beneficio de los más afectados la famosa 15-2020, pero se les “olvidó” que la economía no responde a caprichos políticos. Que los mal llamados “derechos” son servicios que conllevan un costo sean empresas nacionales ineficientes o empresas privadas. Y ese costo no lo determina ninguna ley.

De nuevo los diputados representan esa visión estatista de querer controlar y “ayudar” por medio de la coerción. Las empresas ya habían anunciado que no habría cortes de servicios y que crearían oportunidades para poder diferir los pagos de dichos servicios. ¿Por qué entonces los diputados quieren meter su cuchara donde no se les necesita?

Por eso el Presidente Giammattei, con quien difiero mucho de algunas de sus acciones, de forma correcta en un inicio vetó la ley. No solo porque es una abusiva y clara vulneración a los derechos constitucionales de libertad de contratación y propiedad privada pero además los diputados ni si quiera pudieron distinguir entre luz y energía eléctrica dentro de otras inconsistencias prácticas que hacen imposible aplicar esta ley sin repercusiones severas.

Tampoco realizaron un análisis sobre los impactos económicos que dicha ley podría llegar a tener, como por ejemplo un posible desabastecimiento de la energía eléctrica ya que la ley no definía claramente quienes iban a ser los beneficiados ni las características o mecanismos que permitieran identificar a los beneficiados con el impago de servicios, lo que permitiría el impago de personas u organizaciones que si tienen la capacidad de pago. Esto a su vez causaría una cadena de impagos a proveedores por parte de la Empresa Eléctrica de Guatemala por una situación de insolvencia que repercutiría hasta el sector financiero del país.

Como lo mencioné, la Empresa Eléctrica de Guatemala desde el 16 de marzo suspendió todos los cortes de servicio por falta de pago y desde el 24 de marzo reconectó a los usuarios con servicio vigente que lo tuvieran cortado por impago y lo solicitaran. Además de ofrecer a convenios de pago con cuotas de 2, 3, 4, 6, 8, 10 y 12 meses para facilitar el pago de facturas, ya que ellos por voluntad propia consideraron que la electricidad es un servicio esencial para poder afrontar la cuarentena y  luego representantes de Claro, Tigo, ENERGUATE, EEGSA, así como el Alcalde de la Ciudad de Guatemala en nombre de EMPAGUA se comprometieron públicamente en un convenio a mantener los servicios básicos a todos los usuarios.

Parece ser que los diputados guatemaltecos son expertos en el arte de buscar problemas, hacer un mal diagnóstico y aplicar después los remedios que terminan siendo peor que la enfermedad, que encima fue mal diagnosticada.

*Alejandro J. García Archila es Licenciado en Ciencias de la Comunicación con una Maestría en Comunicación Política y Empresarial egresado de la Universidad Nebrija. Además, es Emprendedor con estudios en Emprendimiento y Emprendimiento Tecnológico por la Universidad de Harvard. Es un «Young Professional Member» del Mises Institute y Columnista en MisesReport.com