Bruno Leoni, la emergencia sanitaria y la legislación de excepción

Si algo ha quedado claro con esta legislación de excepción es que, siempre que se den determinadas circunstancias, una democracia puede declinar en tiranía con extrema facilidad.

Valentín Navarro Caro

Bruno Leoni – abogado, profesor de filosofía del Derecho y uno de los máximos exponentes del pensamiento liberal italiano – expone en una de sus obra más importante, Freedom and the Law (1961), además de otras brillantes ideas, aquella de que la democracia (mal entendida) puede acabar degenerando en una tiranía de representantes. Y es que la democracia, por más que se la quiera disfrazar o enaltecer, se ve siempre inducida, al igual que otros sistemas sociopolíticos, por la tentación totalitaria.

Esta tendencia al totalitarismo se acentúa cuando el sistema democrático se ve lastrado – como ocurre en España – por una “partitocracia” férrea, en la que la disciplina de partido expulsa o aplasta al disidente; y sostenido por un cuerpo electoral profundamente ideologizado, que acepta acríticamente los postulados históricos, sociológicos y culturales de la izquierda, a la vez que rechaza, también acríticamente, los de los liberales, conservadores…

A estos defectos han de sumarse otros dos: el “buenismo legalista” (basado en la idea de que basta una palabra del legislador – todopoderoso – para acabar con todos los males, deshacer todos los entuertos y solventar todos los problemas); y la propensión, generada por años de dócil adoctrinamiento, a aceptar cualquier mandato (por absurdo o arbitrario que sea) que venga investido de los atributos de la ley. Basta decir que algo es “Ley” (con mayúsculas) para que pueda ser parangonado a la Verdad revelada. El monopolio de la Verdad, el Bien y la Belleza – en un sistema kelseniano de Derecho positivo – lo tiene el Legislador. No hay otro dios fuera de él.

El resultado, como decimos, y como ya advirtió Leoni, no es otro que depositar en manos de un grupo de representantes, elegidos en base a un sistema que no deja de tener algo de esotérico, un poder casi absoluto. Las Cámaras Legislativas pueden dictar normas referidas a cualquier materia, desde aguas residuales hasta títulos nobiliarios. Ese y no otro es el primer paso al totalitarismo: dejar en manos de un grupo cerrado de personas la dirección absoluta de la sociedad.

La tentación totalitaria que, cual manzana prohibida, pende delante de toda democracia mal entendida, la ha secundado bien – con motivo de la gestión de la pandemia de COVID-19 – el Gobierno de España.

La primera medida que se adoptó fue privar de poderes (temporalmente, si se quiere) al Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo pasó a ser omnímodo. La normativa derivó en normativa de excepción. Bajo este epíteto de excepcional, con manifiesto desprecio por la libertad individual y con la excusa de preservar la salud pública, el Gobierno pasó a inmiscuirse – democráticamente – en la vida de todos los ciudadanos: se limitó la libertad de expresión, monitorizando los comentarios particulares en redes sociales; se controló a la prensa, para vigilar lo que se publicaba y cómo se publicaba (pues había de mantenerse en alto el espíritu nacional); se limitaron los movimientos como nunca antes y, finalmente, como colofón, se dictaron normas absurdas, arbitrarias y abiertamente totalitarias: se prohibía a los particulares utilizar sus azoteas privadas; cuando se permitió salir, se estableció un toque de queda (¡un toque de queda!) a partir de las 23.00 h; aprovechando la concentración de poder, el Gobierno modificó todo tipo de normas – con independencia de su rango -, renovó la cúpula de la Central de Inteligencia, modificó los consejos de dirección de diferentes empresas privadas, se inventó un comité de expertos… todo esto con absoluta y total impunidad. Ventajas de ser un Gobierno democrático.

Si sorprendente fue la deriva totalitaria del Gobierno, más lo fue aún la conducta del cuerpo social, que no fue otra que la obediencia ciega. El resultado es escalofriante: un Gobierno dictando todo tipo de normas (antiliberales, absurdas y arbitrarias) y una sociedad obedeciendo cual rebaño llevado al matadero. Literalmente: España supera, con mucho, a los restantes países de la UE en número de muertos y contagios. Si algo ha quedado claro con esta legislación de excepción es que, siempre que se den determinadas circunstancias, una democracia puede declinar en tiranía con extrema facilidad.

La causa también la señala Bruno Leoni: un exceso de positivismo jurídico. Con la excusa de la seguridad jurídica (art. 9.3 Constitución Española de 1978) y bajo la concepción apriorística de que la Ley tiende a proteger y preservar la convivencia, hemos aprendido a obedecer cualquier tipo de norma, siempre que sea promulgada por quien debe hacerlo y conforme al procedimiento establecido.

Desde pequeños se nos enseña que hay que obedecer a la autoridad, que la Ley es algo bueno, en la medida en que representa la voluntad de la mayoría y que tiende a la conservación de la vida – tranquila – del grupo. Si no hubiese Estado, si no hubiese obediencia a la Ley, se nos dice, viviríamos en un Estado de Naturaleza en el que el hombre sería un lobo para el hombre. Y compramos esta idea. Y nos parece bueno que la ley diga que no hay que matar, que nadie puede ser privado arbitrariamente de su propiedad privada o que los pactos deben cumplirse conforme al tenor de lo pactado. Aprendiendo a obedecer estas normas sensatas y necesarias, en realidad, aprendemos a obedecer todo tipo de normas, también las absurdas, las arbitrarias, las inicuas. Abandonada toda referencia a un Derecho extrapositivo, identificado el Derecho con el derecho del Estado, lo único que puede hacer el ciudadano es obedecer. Y eso es lo que hace. El Estado aparece como un Leviatán dispuesto a controlar a todos sus hijos, y a convencerlos de que esta ausencia de libertad es buena si ha sido elegida por los representantes del pueblo.

Se nos olvidan dos cosas esenciales: la primera, que el Derecho es mucho más que el derecho positivo del Estado (algo que reconoce el art. 1 del Código civil español). La segunda, que la función primera y principal del Derecho es buscar y proteger para la persona ámbitos de potestad y libertad, en la que el ciudadano sea señor de su propio ser y de su propio destino. Y la de proteger dichos espacios frente a cualquier tipo de injerencia, también las del poder público.

Por más que desde diferentes atalayas colectivistas se proclame otra cosa, no hay bienes colectivos o comunes distintos de los individuales. Existe la persona, el existente, considerada individualmente. Y nada más. Debido a ello, señala Leoni que no debe permitirse – adopte la forma que adopte: democracia, dictadura… – que el Derecho positivo destruya la libertad individual, derecho inalienable y necesario para que la persona individual elija y desarrolle sus fines.

Valentín Navarro Caro es Licenciado en Filosofía por la Universidad de Sevilla en el año 2012. Graduado en Derecho por la misma Universidad en 2017 [Premio Extraordinario Fin de Estudios]. Máster de Acceso a la Abogacía. Perteneciente al programa de Doctorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Bolonia (Italia). 

Imagen de Ángel Turrado en Pixabay

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